Agencia de Noticias UPB - Medellín: En días pasados, el Gobierno presentó al Congreso de la República la reforma tributaria estructural, un proyecto de vital importancia para el futuro de la economía del país, en el cual se busca ajustar las finanzas y mantener el grado de inversión que otorgan las calificadoras de riesgos.

Según el diario Portafolio, una reforma tributaria es un proyecto de ley que radica el gobierno en el congreso y que hace referencia a los impuestos que las personas naturales, organizaciones y empresas deben pagar. Se pagan impuestos por tener una propiedad, por comprar productos o usar servicios de terceros y el recaudo de estos es tarea del Estado. Con esos dineros se financian los gastos y la inversión, los gastos administrativos y otros aportes al desarrollo del país.

Y es esta caída del precio del barril del petróleo, casi de un 50 %, lo que ha generado también el aumento del déficit fiscal en el país. En el 2014, se encontraba en el 2,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2015 subió a 3 %, y para este año se estima que quede en el 3,6 %.

Para John Jaime Bustamante, economista y profesor-investigador titular de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, “si el gobierno sigue a ese ritmo, las finanzas públicas van a ser insostenibles y no va a tener recursos públicos para sacar adelante las políticas públicas de salud, educación e infraestructura. El único camino que le quedaba era una reforma tributaria”.

Sin embargo, explica Bustamante, resulta paradójico una reforma tributaria cuando la economía del país viene desacelerada, ya que cuando se está en un ciclo de contracción como este, lo que recomienda la teoría macroeconómica es disminuir impuestos para aumentar el consumo y la inversión y en Colombia se está haciendo lo contrario: aumentar los impuestos.

“Aunque, aparentemente, es una medida contradictoria se hace necesaria por la situación del déficit, ya que si no se hace la reforma ahora para poder haces sostenibles las finanzas en mediano y largo plazo, el costo de oportunidad más adelante va a ser muy alto. La reforma hay que hacerla ahora con el objetivo de tener un déficit fiscal razonable y hacer el encuadre de la política macroeconómica, sobre todo pensando en la generación de empleo y más adelante tener un control de la inflación”, afirma Bustamante.

Y es que, según el Espectador, uno de los impactos de la tributaria será en el aumento de la inflación entre 0.8 y 1.2 % por año. Si la meta de inflación para el otro año podría estar alrededor del 6 % podríamos tener una inflación cercana al 7 %, lo que no es bueno porque si la inflación sube, el poder adquisitivo de la clase trabajadora baja. Sin embargo, sería más costoso para el país en términos de empleo, de la misma inflación y del crecimiento económico, si no se hace la reforma. 

El sector TIC se verá golpeado

Sin embargo, este proyecto no ha sido bien recibida por muchas personas, ya que llega en un momento en que economía colombiana se desacelera y a nadie le agrada la idea de empezar a pagar más impuestos a partir del próximo año.

Cárcel de entre 4 y 9 años para los evasores, IVA de 5 % para la vivienda de más de 800 millones de pesos, un impuesto de 300 pesos por litro (10 %) a las bebidas azucaradas, incluyendo los denominados edulcorantes, aumentar el IVA general del 16 al 19 % y un impuesto del 4 % sobre la tarifa de los servicios de telefonía, datos y navegación móvil, son algunas de los puntos cruciales de esta reforma.

Sobre el último punto, representantes del sector digital de todo el país han manifestado sus molestias por este incremento, ya que ampliaría significativamente la brecha digital que el Gobierno Santos tanto se ha empeñado en disminuir durante sus dos mandatos. De hecho, disminuir esa brecha digital y cerrar las diferenciar entre las clases son dos de las condiciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que Colombia pase a ser parte de esta, pero con esta reforma, esto no se lograría, sino que al contrario, se impactaría en la clase media y se ampliaría nuevamente la brecha.

Según el Espectador, Colombia pasó de tener 2,2 millones de conexiones a internet en 2010 a 14,4 millones en el segundo trimestre de este año. Las conexiones a tecnología de tercera generación (3G) en móviles están perdiendo participación mientras que las de 4G van en aumento. 26,2 % de las conexiones están hoy en esta última generación, de acuerdo con los números del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).​

No solo se cobraría un impuesto del 4 % a los servicios de telefonía, datos y navegación móvil, se empezaría a cobrar también el IVA (de 19%, si pasa el proyecto) a celulares y tabletas que superen los 654 mil pesos, así como a los computadores de más de 980 mil. Los colombianos pasarían entonces a pagar 23 % de IVA por tener un celular de gama alta y una línea telefónica.

Para Gloria Vélez, coordinadora de la Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), si la reforma es aprobada se vería afectado tanto el usuario como las empresas, ya que hay muchas compañías que cuentan con servicios digitales desde plataformas web o aplicaciones, pero si al usuario hacer uso de estas les va a costar, preferirían entonces volver la oficina física para hacer uso de estos servicios.

Por otra parte, muchas personas también dejarían de pagar datos o de comprar celulares de alta gama, porque si para comprar un celular de esta tecnología hay que pagar un impuesto y aparte otro por el consumo de datos y navegación, entonces no compraría un celular que se vaya a ver agravado.

“Nosotros ya nos acostumbramos a tener voz y datos, si eso no lo tengo, hacemos un retroceso frente al uso y apropiación de la tecnología, porque ya no la voy a seguir usando para lo que lo estaba usando si me suben el volumen de impuesto. Puede que un 4% no sea mucho, pero si le sumo el 19 % del IVA más los otros productos y servicios que también van a gravar, me toca empezar a recortar y los primero serían los bienes suntuosos que vendrían siendo teléfonos de alta gama y utilización de datos y navegación. Es encarecer más la tecnología cuando se supone que debemos apropiarnos más de ella”, expresa Vélez.

Por su parte, John Jaime Bustamante, economista y profesor-investigador titular de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB, opina que la brecha digital, si se aprueba la reforma, pasaría a estar en un stand by, ni se cerraría ni se abriría nuevamente, mientras que las personas asumen decisiones de comprar y se adaptan a los nuevos tributos. “Es un asunto de transición, creo que tenemos la capacidad de adaptabilidad y también de necesidad de estar actualizados, por lo que no vamos a dejar de comprar los celulares o computadores que queremos”, expresa Bustamante.

Para Vélez, la reforma que se planteó en el Congreso podrá traerlo más plata al país, pero habrían otros medios para lograrlo sin impactar estos servicios y tecnologías como la telefonía móvil, los computadores y las tabletas.

“Si hay tanto evasor en el país es porque el proceso de recaudo no es óptimo. Si la DIAN fuera eficiente en la recuperación de plata de todos los evasores, se lograría más dinero que de lo que se va a lograr con la reforma. La estrategia debería ser tener mejores herramientas para realizar un cobro efectivo y no cobrarle más al que siempre paga”, afirma Vélez.