Controversias sobre posible desmonte del impuesto 4x1000 ¿Beneficio o perjuicio para la población colombiana?
Agencia de Noticias UPB - Medellín. La propuesta realizada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que busca el desmonte paulatino del gravamen al movimiento financiero -GMF- conocido popularmente como 4x1000, ha ocasionado diversas reacciones.
Si bien este recaudo fue implementado, de manera inicialmente temporal, con el fin de subsanar la situación de “emergencia económica” que sufrió el país durante la crisis de 1998, en la actualidad representa un rubro importante y necesario dentro del recaudo fiscal para el Estado colombiano y aunque su desmonte podría alivianar las cargas para empresarios y ciudadanos, en términos de viabilidad fiscal es una jugada arriesgada en una economía con altos niveles de desempleo, informalidad y evasión fiscal, afirman los expertos.
Es indispensable hacer claridad de qué es y qué no es el gravamen al movimiento financiero, pues son muchos los mitos que circulan y tergiversan la opinión de las personas del común. Tal como lo indica el decreto 2331/1998 en el artículo 29 dentro del capítulo V sobre “Los mecanismos de financiación para las medidas de emergencia”:
Si bien su intención inicial fue preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero en crisis, su propósito se fue adaptando a los escenarios de la política de turno. Al igual que todos los demás gravámenes existentes en el estatuto tributario colombiano, existen exenciones y elementos que intentan hacer de este gravamen algo “progresivo”, tal cual lo especifica la teoría tributaria. Entendiendo esto, por ejemplo, en Colombia las personas pueden marcar una cuenta de ahorros, sea que se posea una o varias como exenta a este tributo hasta montos cercanos a los 12.7 millones en movimientos mensuales; esto último es vital para entender la naturaleza progresiva de este gravamen, pues implica que personas que registren movimientos inferiores a este monto no tendrían que preocuparse por este cobro.
Oscar Manco López, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirma que, “el tributo ha sido para la sociedad impopular, ya que es un impuesto regresivo, es decir, que es transversal a todas las personas independiente de su poder adquisitivo. Ahora tanto para personas naturales como jurídicas el tributo resulta generando un costo extra en las transacciones financieras, haciendo que los gastos administrativos suban y generen deterioros competitivos para las compañías nacionales, por afectaciones en la caja, esto desincentiva la utilización de los canales transaccionales, ya que las personas no tienen interés en crear sus cuentas y acceder a productos financieros”.
Por su parte, Alexander Ríos, economista y coordinador del laboratorio financiero de la Universidad Pontificia Bolivariana, opina que, “empresas, comerciantes naturales, intermediarios inmobiliarios y otras actividades económicas que representan cerca del 90 % del tejido empresarial a datos de 2019 en la Cámara de Comercio de Antioquia, son susceptibles a este cobro en mayor medida, de allí su aversión al mismo y por supuesto la generación de incentivos obtusos a fenómenos como la evasión, la desbancarización y la informalidad. En este sentido, el sector bancario ha sido colaborativo con su recaudo, pero sin dejar de señalar constantemente su disgusto al gravamen dado su entendimiento como un sobrecosto a los ya elevados servicios bancarios en Colombia y un mecanismo que fomenta fenómenos adversos como los mencionados”.
Por: Mallerly Arteaga Bedoya – Agencia de Noticias UPB
