Agencia de Noticias UPB - Medellín. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, dirigido por María Paula Alzate Gómez, se encuentra a la vanguardia de la implementación de nuevos mecanismos de resolución de conflictos.
La nueva ley también incluye la figura del árbitro de medidas cautelares, lo cual amplía aún más las herramientas jurídicas disponibles para resolver conflictos de manera expedita y con menor carga para los tribunales tradicionales.
Según la directora, "lo que buscamos es una descongestión judicial efectiva, rápida y eficiente, ya que actualmente el 70 % de los procesos que se mueven en la justicia ordinaria son de carácter ejecutivo”.
El Centro de Conciliación y Arbitraje, bajo la dirección de María Paula Alzate, sigue trabajando para dar a conocer estas nuevas figuras legales, que tendrán un impacto profundo en la eficiencia del sistema judicial.
Estamos convencidos de que esta legislación será un pilar clave para mejorar la justicia en Colombia, permitiendo un proceso menos saturado", concluyó Alzate.
La doctora Alzate continúa consolidando su trayectoria profesional, participando activamente en proyectos que buscan modernizar los procesos de resolución de conflictos. Su trabajo reciente en la Cámara de Comercio, ha sido clave para la implementación de innovaciones que fortalecen la oferta de servicios del organismo.
Según explicó para la Agencia de Noticias UPB, “desde la Cámara de Comercio, en el Centro de Conciliación hemos tenido la visión de innovar nuestro portafolio de servicios, en primer lugar, a través de nuestro más reciente reglamento interno que conlleva a la implementación del Servicio de Mediación Nacional e Internacional, un gran avance que hemos tenido en nuestro centro y que nos destaca en la región del Oriente Antioqueño”. Este logro permite ofrecer alternativas más eficientes y especializadas en mediación a toda la comunidad.
Aunque la Ley de Arbitraje Ejecutivo fue aprobada por el Congreso, aún no ha entrado en vigencia debido a que ha sido objetada por el gobierno. No obstante, la misma representa un avance histórico en la administración de justicia y los mecanismos de resolución de conflictos, ofreciendo la promesa de agilizar los procesos y aliviar las dificultades que enfrentan miles de colombianos con la congestión judicial actual.
Por: Emmanuel Madrigal Ramírez - Agencia de Noticias UPB - Medellín.
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