Agencia de Noticias – UPB Medellín. En la ciudad, muchas personas sostienen la vida de otros mientras la propia se detiene. Cuidan a padres, hijos, familiares enfermos o dependientes. Pero en ese ejercicio constante, casi invisible, algo se va quedando atrás: sus propios derechos.
El proyecto Diseño e implementación de un modelo de atención jurídica territorial para personas cuidadoras en Medellín, liderado por el Semillero en Derecho Médico y Políticas Públicas en Salud y el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana, nace precisamente de esa tensión: mientras el cuidado sostiene la vida, la ley no logra proteger a quienes lo ejercen.
“Las mujeres que cuidan… se les olvida que tienen derechos porque se centran en cuidar”, explica el investigador Carlos Andrés Gómez García, docente de la Facultad de Derecho y líder de la iniciativa. Su afirmación es el punto de partida de un ejercicio que busca responder a una deuda del sistema jurídico.
Según el DANE, entre 2021 y 2023, las mujeres asumieron el 57,1 % del total de horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Colombia. Pero más allá de las estadísticas, hay una consecuencia silenciosa en las cuidadoras: la dificultad de acceder a la justicia.
Quienes cuidan no tienen tiempo. Y en derecho, el tiempo lo es todo. Acciones legales que prescriben a los tres o diez años se vencen sin que muchas personas puedan siquiera iniciar un proceso. “Muchos cuidadores trabajan más de 60 horas a la semana… eso es lo más parecido a la esclavitud”, afirma Gómez al referirse a largas jornadas que impiden a estas personas desplazarse a un despacho judicial para interponer un recurso legal o asistir a una audiencia.
Comprender para diseñar
La investigación se define metodológicamente a partir de un propósito claro: diseñar y poner en práctica un modelo de atención jurídica a personas cuidadoras en la ciudad. El ejercicio, actualmente en fase exploratoria, está desarrollando las bases que hagan posible la elaboración de dicho modelo.
De esta manera, el proyecto se organiza en cuatro pilares que orientan su desarrollo: el primer paso consiste en diagnosticar participativamente las necesidades jurídicas prioritarias de las cuidadoras en comunas específicas. En segundo lugar, se busca identificar y adaptar experiencias exitosas de atención legal con un enfoque de cuidado y aplicarlas al contexto local. El tercer pilar es el codiseño de protocolos y rutas especializadas de atención y remisión, elaborados de la mano con las propias comunidades. Finalmente, el proyecto ejecutará y evaluará un piloto en territorio, con casos reales.
Durante un año, el equipo combinará revisiones normativas, trabajo de campo y espacios participativos en comunas como Villa Hermosa y Villa del Socorro, donde se recogen insumos clave para la formulación del modelo.
Cuando la justicia sale a la calle
La propuesta trasciende las instalaciones universitarias. En lugar de solicitar a las cuidadoras que se trasladen hasta la Universidad para recibir asesoría, el equipo investigador ha realizado brigadas de atención jurídica en zonas como Villa Hermosa, Villa del Socorro y Popular número uno. “¡Lleguemos hasta los barrios!”, enfatiza el docente Gómez García, argumentando que acercar el servicio y remover los obstáculos geográficos es la única forma eficaz de evitar la prescripción de sus derechos.
“El aprendizaje más significativo en este proyecto ha sido el desarrollo de la empatía. Entendí que, tras cada consulta, hay una historia de vida marcada por el agotamiento; he aprendido que la labor de cuidado, aunque invisibilizada, es el sostén de nuestra estructura social”, reflexiona Maria Paula Garavito Gómez, estudiante de Derecho de la UPB e integrante del Semillero.
“En las brigadas el reto es traducir el derecho a un lenguaje cercano y comprensible, logrando que las cuidadoras se empoderen y reconozcan sus propios derechos”, cuenta Maria Paula Garavito Gómez.
Unión de capacidades
Esta inmersión en las comunas es posible gracias a una articulación estratégica con la Alcaldía de Medellín. Las dinamizadoras de la Alcaldía, junto a los Círculos de Cuidado y las Comisarías de Familia, actúan como aliados territoriales; estas reúnen a las comunidades y conectan la oferta institucional de la ciudad con la asesoría académica gratuita, ofrecida por la Universidad.
Otros aliados de los investigadores son EPM, que facilitará espacios comunitarios como las Unidades de Vida Articulada (UVA), para estas actividades, y los parques biblioteca de la ciudad.
La iniciativa, financiada por la UPB, cuenta con el respaldo de organizaciones como Sura, Argos y la Fundación ProBono, que aportan capacidades técnicas para futuras etapas del proyecto.
Resultados
En palabras de Maria Paula Garavito Gómez: “Este tipo de experiencia de trabajo de campo es fundamental para mi formación integral como abogada, ya que me permite trascender el aprendizaje teórico y enfrentarme a las barreras reales de acceso a la justicia que enfrentan las poblaciones vulnerables”.
La estudiante relata que, al interactuar directamente con las mujeres cuidadoras en sus propios territorios, “desarrollé una sensibilidad social y una perspectiva de género que difícilmente se adquieren en el aula de clase, permitiéndome comprender cómo las cargas de cuidado impactan el ejercicio de los derechos fundamentales”. Asimismo, la alumna afirma que este tipo de prácticas “fortalecen mis habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos”.
A largo plazo, la apuesta es escalar este modelo de atención para el ejercicio que desarrollamos en los consultorios jurídicos de las seccionales de la UPB (Bucaramanga, Montería y Palmira), y aportar insumos técnicos para la construcción de una futura Ley General del Cuidado.
Este ejercicio cuenta con la participación de nueve estudiantes de Derecho, quienes se encuentran entre quinto y décimo semestre.
Por: Federico Hoyos Gutiérrez. Equipo de Divulgación Científica y Comunicaciones. Agencia de Noticias UPB - Medellín.
Imágenes: cortesía, Carlos Andrés Gómez García.
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